Luego de su presentación ante unas 35.000 personas en Córdoba, se confirmó la fecha en la que Cristian «Pity» Álvarez será sometido a una nueva evaluación médica que definirá si está en condiciones de enfrentar un juicio oral.
El músico se encuentra imputado por un homicidio ocurrido en 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, y por los delitos de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas.
El 10 de febrero de 2026 será un día determinante para la situación judicial de Cristian Álvarez Congiu. En esa fecha deberá presentarse ante una Junta Médica que evaluará su estado psíquico y determinará si puede ser juzgado.
La instancia se produce pocos días después de su regreso a los escenarios, luego de siete años, cuando el pasado 20 de diciembre encabezó un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes.
El show marcó su reaparición pública tras un prolongado período alejado de la actividad musical, mientras continúa vigente el proceso penal en su contra.
La causa se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Sandro Abraldes.
La legislación procesal establece que una persona debe ser considerada imputable no solo al momento del hecho, sino también durante el desarrollo del juicio. En este caso, la defensa del cantante logró que fuera declarado inimputable de manera provisoria en función de informes psiquiátricos y psicológicos, lo que derivó en la suspensión del debate oral.
La causa no fue cerrada ni anulada, sino que permanece en pausa hasta que se determine si el acusado puede participar del proceso judicial.
Álvarez es sometido periódicamente a evaluaciones médicas. De hecho, la autorización para viajar a Córdoba fue otorgada recién el miércoles 17 de diciembre, a menos de 72 horas del recital, debido a que no se había presentado previamente ante el Cuerpo Médico Forense para cumplir con los exámenes requeridos.
Tras el recital, el fiscal Abraldes impulsó dos denuncias vinculadas al operativo realizado durante el evento. Una de ellas fue presentada contra Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes y de la Asociación Argentina de Tenis, así como contra una de las productoras involucradas en la organización del espectáculo.
El viernes 19 de diciembre, con menos de un día de antelación al show, el fiscal envió una notificación electrónica a Calleri, quien tiene bajo su órbita la administración y seguridad del estadio Kempes.
En el mensaje solicitó que se garantizaran las condiciones necesarias para permitir el ingreso de cuatro efectivos de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina, quienes debían cumplir tareas dentro del estadio durante el recital.
Según consta en la denuncia elevada ante el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, el pedido no fue ejecutado.
El sábado 20 por la tarde, la fiscalía recibió una nota sin firma, enviada en un archivo digital, en la que se indicaba que el evento estaba bajo la responsabilidad de la empresa En Vivo Producciones S.A., encargada del control de accesos.
El personal policial designado tuvo dificultades para ingresar al estadio y solo logró hacerlo tras una gestión telefónica entre un abogado de la productora y un funcionario judicial.
A partir de las comunicaciones mantenidas con el representante legal de la empresa, el fiscal sostuvo que tomó conocimiento de que no se habrían realizado gestiones desde la Agencia Córdoba Deportes para cumplir el requerimiento judicial.
Además, señaló que se habría advertido a personas cercanas a Álvarez Congiu sobre la diligencia policial prevista para el recital.
Según la presentación, la defensa del músico habría intervenido horas antes del show para intentar frenar el accionar policial mediante contactos con la entidad estatal.
Abraldes remarcó que la presencia de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal solo era conocida por la fiscalía, sus colaboradores y las autoridades policiales, lo que, a su criterio, permite presumir una posible violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. En ese marco, consideró que existen elementos suficientes para dar inicio a una investigación penal.
Desde la Agencia Córdoba Deportes respondieron que la actuación de Álvarez contaba con autorización judicial y que las habilitaciones se otorgaron en base a la documentación presentada por los productores.
También indicaron que, al recibir el requerimiento judicial, se informó que la organización y el control del ingreso al estadio estaban a cargo de En Vivo Producciones, como sucede habitualmente en los eventos masivos realizados en ese predio.
De manera paralela, el fiscal Abraldes presentó otra denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional contra la productora Pop Art Music.
En ese escrito sostuvo que la empresa habría limitado el accionar policial dentro del estadio, restringiendo el acceso a imágenes del músico, pese a que los efectivos federales manifestaron estar actuando en cumplimiento de una orden judicial.
En relación con el hecho ocurrido en 2018, el juez Martín Yadarola descartó que Álvarez haya actuado bajo un cuadro de delirio persecutorio. En su resolución explicó que este tipo de trastorno implica creencias irracionales sin sustento en la realidad.
Según el magistrado, esa hipótesis no resulta compatible con las circunstancias del caso, ya que el encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos, incluyó diálogo previo, una discusión y una confrontación que culminó con el ataque armado contra Cristian Díaz.
Por ese motivo, procesó al músico por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
CMTV
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